La Academia Nacional de la Medicina calificó como «mucho más grave» si se administra el candidato vacunal Abdala a niños, niñas y adolescentes, tal y como lo anunció el mandatario Nicolás Maduro recientemente ante el posible regreso a clases presenciales a partir de octubre.
Basan su extrema preocupación sobre los criterios de «la vulnerabilidad de los menores, los aspectos concernientes a su participación en la toma de decisiones y la asimetría en su relación con los adultos», por lo que deben considerarse «cuestiones éticas particulares y subrayan la necesidad de que esta población reciba atención especial».
El pasado jueves 1° de julio, Maduro dijo que «Cuba empezó el ensayo con la vacuna Abdala entre niños de 3 años hasta jóvenes de 16 años. Es bien probable para octubre el ensayo clínico esté completo, y es probable que podamos empezar a vacunar a los muchachos de las escuelas y los liceos. Vamos a empezar a avanzar en un plan perfecto».
Los académicos recordaron que el desarrollo de investigaciones con menores implica la adopción de altos estándares científicos y éticos, además de que es prioritario tomar en cuenta sus necesidades y características individuales, así como sus patrones de pensamiento, sentimiento y actuación en diferentes etapas del desarrollo.
Adicionalmente, algunos aspectos de los niños, como la falta de capacidad para dar su consentimiento y su vulnerabilidad, generan cuestiones éticas particulares que hacen que los cuerpos regulatorios insistan en que los niños deben recibir atención especial.
En un comunicado publicado el lunes 5 de julio reiteraron que «este biológico no ha sido aprobado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) o por ningún ente regulatorio Internacional con competencia en esta materia».
Manifestaron nuevamente que el fármaco debe ser contemplado dentro del llamado estudio experimental y por tanto «debe estar basado en un protocolo que cumpla con todos los requisitos éticos, científicos y legales nacionales e internacionales necesarios».
La Academia reiteró su disposición de las autoridades sanitarias para la debida «asesoría científica para la selección de vacunas que ya hayan demostrado seguridad y eficacia», a la par que expresan «su preocupación ante la introducción en la población venezolana de productos de dudosa credibilidad científica».
