En una extensa rueda de prensa realizada el miércoles 8 de diciembre por las nuevas autoridades municipales de El Tigre, describieron el estilo informal del antiguo gobierno del exalcalde Ernesto Raydan, su hermano Humberto que estuvo al frente del ente recaudador de tributos y Andrew Espejo, exdirector del ayuntamiento.
El director general de la Alcaldía, Jesús Ernesto Paraqueima inició el encuentro con los medios. Posteriormente la abogada Miriam Aguirre, coordinadora de la comisión de enlace, se encargó de detallar aspectos relevantes identificados en seis dependencias: Administración, Servicios Públicos, Matadero Municipal, Sindicatura, Catastro y Samat. Si bien algunos de los ejemplos que leerá a continuación pueden ser considerados presuntos hechos de corrupción, ambos voceros evitaron esa clasificación en sus intervenciones afirmando que no se trata de una cacería de brujas. Dejarán que sea el Ministerio Público el que decida si hay o no delito.
«Nos hemos tropezado aquí con una alcaldía totalmente destruida». Destacó que en Administración consiguieron contratación de personal sin ningún perfil, asignación de cargos sin ninguna función (cobraban sin trabajar), inexistencia de manuales de procedimientos y manuales de normas. «No hay estados financieros, no hay conciliación bancaria, los auditores externos contratados por la Alcaldía no tienen contrato ni perfil, pero están cobrando», expresó.
La nueva administración presume y asume que existen múltiples órdenes de pago ejecutadas, sin cargar al sistema. «Otra cosa muy grave que tiene que ver con delitos de salvaguarda, es la inexistencia de comisión de contratación y comisión de licitación, todas las asignaciones durante la gestión pasada se entregaron directamente».
Estiman que la próxima semana harán una denuncia formal ante el Ministerio Público específicamente por compras y adjudicaciones por contratación directa. «La fiscalía dirá si hay o no delito». Especificó que si bien es cierto que se pueden hacer compras directas, debe seguirse un procedimiento y ejecutarse en situaciones de emergencia, no siempre, como dijo que ocurrió en el gobierno de Raydan.
«Hay una cantidad de vehículos que supuestamente estaban asignados a la administración y están como chatarras en los patios destinados para obras públicas. Hay vehículos que aparecen como en reparación pero están en casas privadas, hay maquinarias que pertenecen a la Alcaldía pero están en patios particulares», explicó Aguirre.
Entre las anotaciones, la vocera asomó la existencia de una empresa muy amplia que adquiría desde «medicinas hasta pan». Supuestamente darán a conocer más detalles de este caso particular en los próximos días.
Calificó como «grave» la situación del Samat. Aguirre detalló que fue contratada una empresa que es la única que conoce el funcionamiento de la Alcaldía. «Esa empresa tiene la data, los listados, sabe cuánto se recauda y cobraba el 10% de los recaudos de los impuestos de El Tigre».
Service System, empresa encargada del Samat, tampoco tenía contrato de servicios con la Alcaldía. Al perder Raydan en las elecciones del 21N la empresa decidió de forma ilegal, apagar por dos días el sistema. Posteriormente se realizaron reuniones entre la empresa outsourcing y la nueva administración y se levantó nuevamente el sistema con un contrato temporal de por medio.
Servicios Públicos. Tampoco encontraron contratos ni compactadoras. «En obras públicas todos los equipos están dañados. Hay cuatro equipos del Estado que se dieron en comodato y están desaparecidos». Mencionó camiones y un payloader.
Catastro. «Allí había una alcabala para cobrarle a la gente, no solo para cobrar sino para no hacer nada. El desorden de catastro en materia de inmuebles es tal que todavía no hemos podido medir la magnitud de la situación».
Matadero municipal. «Eso no es un matadero, eso es insalubridad, creo que el que vaya al matadero no come carne más nunca por las condiciones en las que está. Ya el alcalde Paraqueima emitió un decreto declarándolo en emergencia, no solo por la insalubridad sino porque se pagan 7 bolívares por animal». Al parecer las instalaciones no cuentan con servicio de agua, ni energía eléctrica en las salas de matanza.
Sindicatura Municipal. Según el testimonio de la coordinadora de la comisión de enlace, encontraron expedientes en todas partes. Destacó que hasta ahora han revisado casi 300 casos de venta de terrenos (de viviendas) que ya fueron aprobados por la Cámara Municipal entre los años 2017 al 2020, «y las personas pagaron sus terrenos a Sindicatura, pero no se los entregaron porque no habían pagado 200 dólares, que era lo que cobraban por cada documento en sindicatura», afirmó Aguirre. Aparentemente hay empresarios que tampoco corrieron con suerte durante el mandato de Ernesto Raydan. Sin embargo la vocera no ofreció mayores detalles al respecto.
