La Organización de Naciones Unidas dio un plazo al Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, para evidenciar su imparcialidad y compromiso con los derechos humanos en Venezuela.
Sí la Defensoría no presenta durante el primer período de sesiones del año 2016, prueba documental de su imparcialidad, el Subcomité de Acreditación del Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones de Derechos Humanos recomendará rebajar el organismo venezolano de la categoría institucional A, que ostenta, a la B.
En el informe elaborado en marzo y difundido el 29 de mayo, la ONU considera que la Defensoría no se ajusta a los Principios de París. Cuestiona entre otras cosas el silencio del ente bajo la gestión de la antigua Defensora, Gabriela Ramírez, sobre los juicios a civiles en tribunales militares, el retiro de Venezuela de la CIDH; el incumplimiento de las medidas de protección dictadas por la Corte Interamericana a varios ciudadanos; las detenciones de María Lourdes Afiuni y Leopoldo López; las amenazas del presidente Nicolás Maduro de “abrir procedimientos penales contra líderes sindicales” y las preocupaciones manifestadas por el Alto Comisionado de las Nociones Unidas para los Derechos Humanos, en 2014, sobre las detenciones arbitrarias durante las protestas.
“El subcomité reconoce que el defensor ha adoptado algunas medidas desde su nombramiento. Alienta al actual defensor a que hable alto y claro en relación con las principales cuestiones de derechos humanos en Venezuela de un modo equilibrado, sin prejuicios, objetivo e imparcial para demostrar que la Defensoría del Pueblo es independiente y se preocupa por la promoción y protección de los derechos de todas las personas”.
