Un conjunto de propuestas que deben implemetarse para realizar en Venezuela unas elecciones transparentes, que garanticen el respeto y la garantía del voto, propone el Partido Unión y Entendimiento (PUENTE) incluyendo la celebración de las elecciones parlamentarias en el primer semestre del 2021.
La organización política que encabeza Hiram Gaviria, en un amplio documento, reconoce que la crisis estructural venezolana se ha agravado en los últimos 5 años. Millones de compatriotas se han visto forzados a emigrar del país y buscar en otras latitudes la estabilidad, paz y progreso que no se consiguen en nuestra tierra. La economía se ha contraído a niveles de hace 50 años del siglo XX y los servicios públicos se han deteriorado ostensiblemente. El hambre, la desnutrición y la pobreza azotan a la mayoría de las familias venezolanas.
Aunado a lo anterior, estamos bajo la seria amenaza de una no deseable expansión de la pandemia del Covid-19, que nos conseguiría sin la adecuada infraestructura sanitaria para enfrentarla de manera eficiente.
Advierte que en medio de esta situación, el Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 12 de junio de 2020 designó a los cinco rectores principales y suplentes del CNE sin esperar que culminará el proceso constitucional que se venía adelantando, a través del Comité de Postulaciones de la legítima Asamblea Nacional. De estos rectores hay una mayoría clara de rectores oficialistas, lo que contraría el espíritu y la letra de la Constitución y de la Ley Orgánica de Participación Política, que estipulan un Poder Electoral libre y equilibrado.
Recuerdan que ya en cuatro ocasiones la Sala Constitucional del TSJ había designado a los rectores del CNE (2003, 2005, 2014 y 2016), en esta ocasión, a nuestro juicio, ha debido haberse culminado el proceso que establece la Constitución y designar los rectores del CNE en la legítima Asamblea Nacional.
Destacan que esta decisión de la Sala Constitucional se acompañó, en fecha 15 de junio, por otra en la cual se suspendió a la actual dirección del Partido Acción Democrática (AD) y se designó una nueva directiva Ad-Hoc encabezada por Bernabé Gutiérrez, hermano de uno de los rectores del CNE nombrados por el TSJ. Y en fecha 16 de junio se produjo una nueva sentencia de la Sala Constitucional del TSJ en la cual se suspendió a la dirección actual de Primero Justicia (PJ) y se designó a otra presidida por el diputado José Brito.
Es de destacar que en la más reciente reunión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) ningún país de la región votó en contra de la resolución del organismo hemisférico de “rechazar y desconocer la ilegal designación de los miembros del Consejo Nacional Electoral por parte del Tribunal Supremo de Justicia, así como la ilegal designación de las directivas de los partidos políticos Primero Justicia y Acción Democrática”.
Al mismo tiempo, la Asamblea Nacional Constituyente en fecha 17 de junio de 2020 derogó su propio decreto de fecha 27 de diciembre de 2017 en el cual se ordenaba un proceso de renovación de firmas de adherentes a los partidos políticos que no habíamos concurrido a las elecciones de alcaldes de ese año, entre ellos PUENTE.
Este decreto de la ANC estableció que se exceptuaba de la rehabilitación a aquellos partidos sobre los cuales cursan procesos judiciales, como es el caso de Voluntad Popular (VP). A todas luces es un decreto discriminatorio para no permitir que VP participe en los procesos electorales venideros.
Destacan que estas medidas del TSJ y de la ANC en contra de tres de los principales partidos políticos venezolanos (AD, PJ y VP), aunado a las inhabilitaciones que pesan sobre destacados líderes de la oposición, impiden una participación amplia y plural de todos los legítimos actores políticos venezolanos en próximas contiendas electorales.
Afirman que hasta el día de hoy no se conoce la fecha, el cronograma electoral y las condiciones que regirán para las elecciones parlamentarias previstas para este año. Incluso, no se conoce el número de diputados a elegir ni la estructuración de las circunscripciones electorales.
QUE PROPONEN
Las propuestas a considerar que formula la organización política incluyen:
Que se restituyan a sus legítimas direcciones partidistas la tarjeta y derechos electorales de los partidos Acción Democrática y Primero Justicia. De igual manera, que se rehabilite la organización política Voluntad Popular y se le confieran a sus legítimas autoridades los mismos derechos electorales que a todos los demás partidos políticos.
Que no se modifique en el CNE la Ley Orgánica de Procesos Electorales para producir situaciones sobrevenidas, por ejemplo, la cantidad de diputados que conformarán la próxima Asamblea Nacional, la distribución de cuántos serán electos por lista y cuántos uninominalmente, o la estructuración de los circuitos electorales. Cualquier reforma de ese instrumento legal tiene que ser hecha y consensuada en la Asamblea Nacional, tal como ordenan la Constitución y la propia Ley.
Que se proceda a una revisión y actualización del Registro Electoral Permanente, REP.
Que se invite en calidad de Observadores Electorales a instituciones internacionales con experiencia y reconocida solvencia profesional en la materia, en especial a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE).
Que, en vista de las propuestas anteriores y de la frágil y peligrosa situación que atravesamos derivada de la pandemia del Covid-19, se establezca como fecha de las elecciones parlamentarias la más conveniente y consensuada dentro del primer semestre de 2021.
Mientras se realizan las elecciones parlamentarias, aplica para este poder público con legitimidad de origen el principio constitucional, refrendado por varias sentencias del TSJ, de la continuidad administrativa, destaca la organización. Con información de El Impulso.
