AFP.- La violencia sumió en el caos a Quito este sábado. Manifestantes prendieron fuego a un edificio público y asaltaron medios de prensa, lo que llevó al gobierno a imponer el toque de queda en la capital en el marco de una protesta indígena contra ajustes económicos.
La nueva jornada de rechazo contra las medidas pactadas con el FMI degeneró rápidamente.
Foto: Reuters
En los alrededores de la Asamblea Nacional, indígenas levantaron barricadas con troncos y escudos de madera y se enfrentaron a piedra y pirotecnia con la policía, que respondió con una lluvia de gas lacrimógeno.
Grupos de encapuchados asaltaron la sede de la Contraloría, que quedó envuelta en llamas.
El presidente Lenín Moreno impuso el toque de queda y ordenó militarizar esta ciudad de 2,7 millones de habitantes. La drástica medida, que prohíbe la circulación en Quito y sus alrededores, comenzó a regir a partir de las 15H00 (20H00 locales). Ninguna autoridad informó sobre su vigencia.
«He dispuesto al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, inmediatamente, tomar las medidas y operaciones que sean necesarias», señaló el mandatario en un breve mensaje a la nación.
Antes de caer la noche las fuerzas de seguridad aún bregaban para imponer el orden en algunos puntos de la ciudad donde grupos de personas desafiaron el toque de queda.
El caos se expandió en el mismo día en el que el movimiento indígena aceptó sentarse a dialogar con el gobierno, en busca de una salida a la severa crisis que estalló hace 11 días.
Moreno sigue la situación desde el puerto de Guayaquil, adonde trasladó la sede de gobierno después de decretar el estado excepción nacional el 3 de octubre y movilizar a las Fuerzas Armadas, en un intento por contener el descontento social.
Desde entonces han muerto seis civiles y se registran unos 2.100 heridos y detenidos, según la Defensoría del Pueblo.
Las protestas también mantienen interrumpido el transporte de petróleo -la mayor fuente de divisas- por el principal ducto del país a causa de la ocupación de pozos en la Amazonía.
– «No dejen que nos maten» –
Amparado en el estado de excepción, que en principio permite restringir algunos derechos por 30 días, el gobierno ya había dispuesto el toque de queda nocturno alrededor de los edificios públicos de la capital.
Las personas que vaciaron de a poco las calles exigían el fin de la represión oficial.
«¿Dónde están las madres y los padres de los policías? ¿Por qué dejan que nos maten?», clamó entre lágrimas la indígena Nancy Quinyupani.
La prensa también fue presa de la violencia. Manifestantes atacaron las instalaciones de Teleamazonas y del diario El Comercio. El canal, que se mantiene al aire, desalojó a 25 trabajadores sin reportar ninguna víctima.
«Por cerca de media hora fuimos atacados, empezaron a apedrear, forzar las puertas y luego a lanzar bombas incendiarias», relató en antena Milton Pérez, periodista y presentador de Teleamazonas.
El Comercio, el principal periódico de Quito, denunció en Twitter que su sede fue atacada «por un grupo de desconocidos», sin ofrecer más detalles.
El movimiento indígena, que lidera la protesta contra los ajustes que encarecieron hasta en 123% el precio de los combustibles, negó que sus militantes estén implicados en los asaltos a los edificios o al canal.
Diálogo en ciernes. «Vamos a restablecer el orden en todo el Ecuador», prometió Moreno tras agradecer la decisión de los pueblos originarios de sentarse a dialogar cara a cara, aunque no reveló ni cuándo ni dónde comenzarán las conversaciones.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), que en principio había rechazado la oferta, dijo que decidió finalmente «participar» en un encuentro con el mandatario después de «un proceso de consulta con las comunidades».
En el poder desde 2017, el gobernante enfrenta su mayor crisis debido a las reformas que convino con el FMI para aliviar el pesado déficit fiscal que achaca al derroche, endeudamiento y corrupción del gobierno de su antecesor y exaliado Rafael Correa.
Además del fin de subsidios, las medidas prevén recortar derechos a empleados públicos.
Los indígenas, que representan el 25% de los 17,3 millones de ecuatorianos, son el sector más castigado por la pobreza y en su mayoría trabajan en el campo.
Con la liberación de los precios de los combustibles, deben pagar más para el transporte de sus productos al tiempo que temen una inflación generalizada.
