El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) celebraron la adopción de 8 países latinoamericanos de un Plan de Trabajo para «coordinar» las necesidades de los migrantes venezolanos.
«El Plan de Trabajo de Quito busca robustecer las acciones tendientes a facilitar la movilidad humana de los ciudadanos venezolanos en los territorios de los países signatarios, quienes se comprometen a impulsar medidas que permitan evaluar y normalizar el estatus migratorio de los nacionales venezolanos en sus territorios y garantizar el acceso a procedimientos de determinación de la condición de refugiado para quienes lo soliciten», citó el comunicado.
Las medidas fueron tomadas por Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay durante la II Reunión Técnica Internacional sobre la movilidad humana de ciudadanos venezolanos en las Américas.
Comunicado
ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, y OIM, el Organismo de las Naciones Unidas para la Migración, saludan la adopción por 8 países de América Latina de una declaración y un Plan de Trabajo para coordinar la repuesta a las necesidades de protección y asistencia de refugiados y migrantes de Venezuela en sus territorios.
Representantes de los gobiernos de Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay adoptaron el Plan de Trabajo durante la II Reunión Técnica Internacional sobre la movilidad humana de ciudadanos venezolanos en las Américas, que se llevó a cabo el 22 y 23 de noviembre en la capital ecuatoriana.
“Esta Declaración y Plan de Trabajo se inscriben en la larga tradición de solidaridad de América Latina con las personas que se ven obligadas a abandonar sus países y es un importante hito en la armonización de las políticas y prácticas de los países de la región,” señaló Eduardo Stein, Representante Especial Conjunto de ACNUR y OIM para los refugiados y migrantes de Venezuela.
El Plan de Trabajo de Quito busca robustecer las acciones tendientes a facilitar la movilidad humana de los ciudadanos venezolanos en los territorios de los países signatarios, quienes se comprometen a impulsar medidas que permitan evaluar y normalizar el estatus migratorio de los nacionales venezolanos en sus territorios y garantizar el acceso a procedimientos de determinación de la condición de refugiado para quienes lo soliciten.
Asimismo, se establecerán procedimientos o protocolos para garantizar el adecuado ejercicio de los derechos básicos como la salud, la educación y el trabajo para los refugiados y migrantes de Venezuela, con especial énfasis en los grupos de atención preferente, prioritaria o en situación de vulnerabilidad como niños y niñas, sobrevivientes de violencia sexual basada en género, personas con discapacidad, víctimas de trata, etc.
La segunda reunión de Quito contó con la participación de actores claves en la respuesta regional tales como las agencias del Sistema de Naciones Unidas, miembros de la sociedad civil, organismos de cooperación financiera como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Cooperación Andina de Fomento y Estados Cooperantes.
Según los datos de las autoridades nacionales de inmigración y otras fuentes, el número de refugiados y migrantes de Venezuela en todo el mundo ha alcanzado los tres millones, incluidos 2,4 millones en América Latina y el Caribe.
