Tras conocer la intención de algunos directores y propietarios de instituciones de educación privada de Guanipa, de no cumplir el decreto que regula el costo de la matricula escolar, el alcalde Francisco Belisario Landis reiteró su absoluta disposición de hacer cumplir en todas sus partes, dicho decreto publicado el 18 de julio de 2018.
“Su contenido y articulado es de estricto cumplimiento, hasta tanto una decisión judicial mediante sentencia firme, ordene su suspensión o nulidad”, enfatizó en un comunicado.
Refirió además que los directores o propietarios de esos institutos privados no tienen competencia para juzgar el decreto municipal.
“La educación no es ni puede ser, un mero negocio lucrativo, no puede estar sometido a la lógica capitalista de una presunta especulación y la usura, todo lo contrario debe ser un proceso de máximo interés para llevar la enseñanza del conocimiento en todos los órdenes, la moral y las luces hacia toda una población, sin discriminación alguna, especialmente las de orden socio económica”.
Belisario Landis señaló que las leyes conceden el derecho al ejercicio de la educación privada, bajo normativa.
“Esa concesión está sometida a la estricta inspección y vigilancia del estado y en los municipios, el alcalde como máxima autoridad legítima del poder público municipal, debe estar siempre vigilante de que eso suceda, máxime en estos momentos donde todos soportamos los efectos de una situación socio-económica difícil que nos obliga a todos a aportar nuestra cuota de sacrificio. En este sentido, la inmensa mayoría del pueblo guanipense no puede pagar exorbitantes cantidades de dinero por concepto de matrícula y mensualidad escolar y esto debería ser debidamente evaluado y considerado por los Sres. Directores (as) y dueños (as) de instituciones de educación privada. Yo invitó a esa debida comprensión, de no ocurrir así, no hay otro camino que la cabal, idónea y firme aplicación de la ley, que inclusive abre la factibilidad mediante el Art. 115 Constitucional, de canalizar procesos de expropiación cuando se trata de ventilar situaciones de utilidad pública é interés general como es el caso que hoy nos ocupa”.
