La organización captaba a las mujeres en Venezuela, Paraguay y República Dominicana con la promesa de «un futuro prometedor en España». La Policía Nacional ha detenido a 23 personas, seis de ellas ya en prisión provisional, acusadas de formar una red dedicada a la explotación sexual de mujeres sudamericanas en clubes de Cantabria y Vizcaya.
De acuerdo a El Diario Alerta, el delegado del Gobierno en Cantabria, Pablo Zuloaga, ha informado en rueda de prensa de los detalles de esta operación, que se inició en julio de 2017, junto al jefe de Policía en esta región, Héctor Moreno, y otros responsables policiales que han intervenido en ella.
La policía española detuvo a 23 personas, acusadas de formar una red dedicada a la explotación sexual de mujeres. Los dueños de los locales utilizaban en estos países a unos intermediarios que identificaban víctimas con problemas económicos y las convencían para que viajaran.
Las detenciones se desarrollaron en Cantabria (12), Bizkaia (6), Burgos (3), Palencia (1) y Valladolid (1). Además, se han practicado seis registros en los que se han intervenido más de 1.000 euros en efectivo, pequeñas cantidades de droga, armas blancas, un bate de béisbol y cartuchos calibre 38, así como abundante documentación contable y bancaria, varios dispositivos electrónicos entre ellos terminales telefónicos de última generación, informó el diario local vasco Eitb.eus.
Los dos clubes, de Bárcena de Cicero y Trápaga (Vizcaya), han sido clausurados por orden judicial, y aunque la operación sigue abierta la Policía da por desarticulada la estructura de la organización.
La mujeres eran sometidas a jornadas de hasta 12 horas diarias (de 17:00 horas hasta las 04:00 horas, de domingo a jueves), que también aumentaba una hora los viernes y sábado, e incluso más cuando algún cliente así lo requería.
Señala la reseña que los explotadores fijaban los precios por los servicios sexuales, teniendo en ocasiones que realizar servicios «fiados» a «clientes VIP» o habituales que no llegaban a cobrar. Las mujeres sufrían, además, abusos sexuales por parte de los jefes de la organización.
Todos los ingresos que ganaban eran retirados hasta saldar la deuda contraída por el viaje y pagaban diariamente 55 euros en concepto de alojamiento y luz. Cada mujer debía tener «una media de tres encuentros sexuales diarios, teniendo en cuenta que algunos días no había clientes por lo que debían compensar otras jornadas con cinco y siete encuentros».
La investigación comenzó gracias a la declaración de una testigo protegida que logró escapar del control de la red criminal y denunció los hechos.
Durante la investigación, los agentes comprobaron que la red estaba dividida en dos organizaciones independientes que colaboraban estrechamente. Sin embargo, gradualmente fue aumentando la violencia entre ambas, teniendo lugar en Santander una fuerte reyerta entre miembros de ambas con varios heridos de gravedad.
