Con el Decreto 007-2018, y luego de un intento fallido con una comisión que no dio frutos en enero, la alcaldía del municipio Simón Rodríguez reconoce que no tiene inconveniente en imitar la medida aplicada esta semana en Guanipa, con la finalidad de hacer posible el respeto de todos los billetes del cono monetario vigente.
«Vimos con bastante simpatía como el alcalde vecino, el general Francisco Belisario Landis, emitió un decreto prohibiendo y regulando una serie de hechos que están ocurriendo en el municipio Guanipa y vimos cómo los cuerpos de seguridad del estado se avocaron a cumplir esa medida», explicó el alcalde Ernesto Raydán.
«Basados en eso, fundamentalmente en el apoyo que ha tenido la medida por parte de los cuerpos de seguridad para hacer efectiva la acción, decidimos hacer lo mismo aquí en Simón Rodríguez, no tenemos prurito en decir que las cosas buenas las debemos copiar, como efectivamente la estamos haciendo», precisó.
Para la aplicación y ejecución del decreto que entró en vigencia de forma inmediata desde que fue firmado esta mañana en despacho, quedó facultada para la Omdeac con apoyo de la subcomisión de desarrollo económico, seguridad alimentaria y protección de bienes y servicios del municipio Simón Rodríguez, explicó el alcalde.
Lo que comprende el Decreto 007-2018:
1º Se prohibe la negativa de recibir como pago, cualquier billete de curso legal en el país.
2º Se prohibe establecer diferenciales de precio según la modalidad de pago, efectivo o medios electrónicos.
3º Se prohibe en todo el territorio del municipio, el cobro de porcentajes adicionales a través de punto de venta en los procesos de compra venta de bienes y servicios.
4º Se prohibe la compra con sobre precio del valor nominal (pago doble o más).
5º Se prohíbe la inspección y retención de carteras, bolsos y koalas en las entradas y salidas de los establecimientos comerciales.
6º Se prohíbe a los comerciantes establecer condiciones para la venta (condicionar la venta).
7º El que incumpla con lo establecido podría sufrir cierre temporal, suspensión de la licencia de actividades económicas, incautación, comiso y decomiso de los bienes objetos de los ilícitos; apertura de averiguaciones civiles, administrativas y penales por presunta comisión de delito de estafa, usura y conexos. Hasta multas de Unidades Tributarias.