Una Corte Federal de Hawaii bloqueó la medida de prohibición de viaje para seis países de mayoría musulmana, pero se mantiene vigente su implementación para Corea del Norte y Venezuela.
Una tercera versión de la prohibición de viaje de la administración de Trump fue promulgada el 24 de septiembre incluyendo a seis países de mayoría musulmana y con la novedad de agregar a Venezuela y Corea del Norte “alegando falencias a la hora de compartir información de seguridad pública y relacionada al terrorismo”, explicó el abogado y Director de Refugee Freedom Program (RFP), Julio Henríquez, quien estará presente en el Aeropuerto Internacional de Miami hablando con viajeros venezolanos para entender si la medida los afectó.
“Las tres versiones de la prohibición de viaje han sido litigadas y en su mayoría los jueces federales han bloqueado su implementación. Esto acaba de pasar también con esta nueva versión, pero la decisión del Juez de Hawái no se extendió a Corea del Norte ni a Venezuela, por lo que sigue vigente su implementación para los venezolanos”, expuso Henríquez.
La medida prohíbe la emisión de visas nuevas y el acceso a Estados Unidos con visa de turista o negocio (B-1/B-2) a ciertos funcionarios públicos del gobierno venezolano y a sus familiares inmediatos. En particular, afecta directamente a funcionarios y sus familiares, del SEBIN, SAIME, CICPC, Cancillería y el Ministerio de Interior, Justicia y Paz.
Henríquez, sin embargo, indica que su implementación puede afectar a muchas más personas, “debido a que los agentes aduanales de Estado Unidos no saben qué venezolanos son afectados por la proclama. Esto hace que cada viajero con visa B-1/B-2 en un pasaporte venezolano sea sospechoso y enviado a interrogación adicional. Aunque no significa que se le negará a todos la entrada, las restricciones serán mucho más elevadas”.
RFP reportó que en tres años y medio se han registrado 59.265 aplicaciones de asilo afirmativo de venezolanos y que desde 2016 es la nacionalidad con más peticiones. “La mayoría fueron personas que entraron justamente con la visa B-1/B-2”.
El abogado Henríquez añadió que “esta medida pudiera afectar a quienes piensan solicitar asilo. Una pregunta que pudieran hacer los agentes aduanales es si la persona tiene miedo de volver a Venezuela, la cual puede tener consecuencias muy severas y las personas deben entenderlas. Quien conteste que no tal vez puede ser admitido con visa de turista, pero luego sería una contradicción aplicar por asilo, pues quedará en evidencia que mintió a un agente migratorio. Quien conteste que sí no puede ser admitido como turista, pero tampoco deportado de inmediato, así que sería detenido y tendrá la opción de aplicar por asilo frente a un juez, pero lo más probable es que se mantenga detenido por algunos meses”.
Henríquez resaltó la importancia de que los viajeros se comuniquen con RFP para informar sobre sus experiencias en aduana, “estamos monitoreando cómo se va a implementar, es vital que la gente nos llame y nos cuente cómo le fue en aduana, si lo interrogaron, qué le preguntaron. También los familiares de alguien en caso de que sea detenido por inmigración. Es la única forma en la que vamos a poder entender la verdadera implementación de la medida y, si la misma es irregular, estudiar acciones legales”.
