El TSJ ha sido un obstáculo para la paz del país, precisó.
La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, vuelve a ser noticia en cuestión de horas. Este lunes impugnó la designación de todos los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), hecha el 23 de diciembre de 2015 .
La titular del Ministerio Público aseguró en el programa de Maripili Hernández transmitido en Unión Radio, que los magistrados «deben ser desincorporados de manera inmediata por la salud del país», expresó.
“La falta de legitimidad de origen de esos magistrados es lo que afecta su idoneidad, su imparcialidad, es sin duda un factor que ha contribuido a que el TSJ no dé soluciones efectivas a la crisis del país, sino que por el contrario se encarga de acelerar la crisis”.
Ortega Díaz recalcó que ha venido haciendo acciones que permitan aclarar, rectificar e incluso educar a los ciudadanos y no ha sido posible. «Todas las acciones intentadas por nuestra institución han sido desechadas, inadmitidas, desconocidas o negadas, sin que se produjera un pronunciamiento de fondo”. La Fiscal hace esta nueva acción legal apenas 4 horas después que el propio TSJ declarara inadmisible su recurso contra la Constituyente que propone el presidente Nicolás Maduro.
Destacó que a las instituciones les “corresponde garantizar la paz del país a través del ejercicio de las acciones conforme a nuestras competencias debemos ejecutar. No puede ser que aquí no estén funcionando las instituciones, y eso hay que resolverlo”, expresó al tiempo que aseguró que «el TSJ ha sido un obstáculo para la paz del país”.
La fiscal consignó las irregularidades que, asegura, viciaron el proceso de selección de magistrados principales y suplentes: “Yo advertí en esa oportunidad que el proceso se estaba llevando mal hecho y tomaron decisiones a espaldas mía”, por lo que el acta donde se ratifica la escogencia de los jueces no fue firmado por su persona ni por la secretaria del Consejo Moral Republicano.
Al ser consultada por qué no se pronunció en su momento sobre la designación, Ortega Díaz contestó: “Precisamente no tenía acceso a las pruebas que acompañen esta solicitud, no ha sido fácil para mí acceder a las actas en el seno del Consejo Moral Repúblicano”.
Asimismo, apuntó que pidió una acción de amparo cautelar a los fines de la suspensión de los efectos de los actos impugnados “al violarse el debido proceso y la garantía de una justicia transparente en la que debe velar el Estado (…) Visto la gravedad de lo que está ocurriendo con el TSJ presenté esta demanda de nulidad contra 13 magistrados principales y 20 suplentes. Yo espero que el tribunal entre a decidir esta nueva solicitud”, aseveró.
«Hay un tema que quisiera denunciar Maripili, quiero hacer responsable a las autoridades del Estado venezolano especialmente al Ejecutivo, de lo que pueda pasarle a mi familia. No es posible que sean objeto de amenaza, esto es un tema que tienen que resolver conmigo (…) Si llaman a mi familia, los acosan, los persiguen, patrullas que parecen ser del Sebin, les mandan mensajes del Sebin, el Sebin depende del Ejecutivo».
