“Ningún gobierno puede obligar a la población a trabajar de manera forzosa en áreas productivas que no solamente no desean sino que además desconocen. Por si acaso Nicolás Maduro no lo sabe, la esclavitud fue abolida en Venezuela hace 162 años por José Gregorio Monagas”, expresó la diputada al Consejo Legislativo del estado Aragua (Clea), Betsy Bustos, a propósito de la resolución 9.855 del Ministerio del Trabajo que establece que el Gobierno puede obligar a las empresas privadas y a la administración pública a “prestar” a sus trabajadores al área agroalimentaria.
“Yo no sé si es que los genios del gobierno creen que sembrar y trabajar la tierra es tan sencillo como creen. Me encantaría ver al propio Nicolás Maduro o a la Primera Combatiente arando la tierra e intentando sembrar una semilla, o al vicepresidente Aristóbulo Istúriz y al gobernador ausente de Aragua Tareck El Aissami, haciéndolo de manera permanente, todos los días y sin las cámaras de los medios oficialistas”, señaló Bustos.
El decreto violenta derechos fundamentales como el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos sobre la libre elección del trabajo. También contraviene el Convenio Nº 29 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los principios de progresividad que tienen los ciudadanos, establecidos tanto en la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela como en la Ley Orgánica del Trabajo.
La también dirigente regional de Primero Justicia en el estado Aragua calificó como “absurdas, improvisadas y desatinadas” las medidas económicas que el gobierno ha venido tomando desde que se inició el año. “La escasez, el desabastecimiento y la inflación desatada sólo se podrán superar con producción nacional, no hay otra fórmula mágica”, enfatizó.
- Exigió al gobierno central dejar sin efecto esa Resolución que además es confusa porque nadie sabe qué organismo se encargará de hacerla cumplir, cómo se ejecutará, ni cómo solucionará la crisis.