Expresión Libre, comunicadores por la paz y la dmocracia: INFORME OCTUBRE 2015.
Durante el mes de octubre, a menos de dos meses de las elecciones parlamentarias previstas para el domingo 6 de diciembre, se hizo nuevamente notoria la utilización ventajista por parte del Partido Socialista Único de Venezuela (PSUV) y del gobierno nacional, de los medios que son propiedad del Estado y que por tanto deben estar al servicio de la pluralidad, dando cabida a todas las tendencias políticas que actúan en el seno de la sociedad venezolana.
Esta situación ilegal, la cual lleva aparejada un sesgo ideológico y propagandista que excluye la participación de los opositores y sólo los menciona para demonizarlos, se ha presentado en cada oportunidad de comicios nacionales. Es más evidente en los medios audiovisuales, pero abarca también los medios impresos costeados con dinero del Estado, como ocurre con El Correo del Orinoco y Ciudad Caracas, financiado por la Alcaldía de Libertador, con sus distintas versiones regionales.
Este ventajismo mediático-electoral constituye uno de los signos más graves y cuestionables de la falta de estándares democráticos en los medios del Estado venezolano y representa una de las múltiples formas de corrupción oficial y de la ausencia de una actuación imparcial e institucional por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Además, de manera evidentemente delictual los medios públicos fueron nuevamente utilizados para divulgar conversaciones telefónicas grabadas en flagrante violación de la Constitución Nacional como ocurrió el 14 de octubre cuando el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, transmitió en su programa “Con el mazo dando”, en el canal oficial Venezolana de Televisión (VTV), de la conversación privada entre el empresario Lorenzo Mendoza y el economista Ricardo Hausmann.
Durante octubre, los esfuerzos informativos de los periodistas venezolanos volvieron a chocar contra la política del gobierno nacional de impedir, la mayoría de las veces mediante métodos represivos y violentos ejercido por los cuerpos de seguridad, no solamente la cobertura de las protestas de los sectores sociales, sino las propias vicisitudes de la población para conseguir los productos de primera necesidad, la caótica situación carcelaria e incluso la rutinaria cobertura de la fuente de sucesos, a la cual le interponen obstáculos los trabajadores de la Morgue de Bello Monte y efectivos de la GNB.
Valga señalar, como uno de los hechos más graves ocurridos durante este mes, el ataque a balazos contra el periodista falconiano Félix Amaya, quien había recibido amenazas por sus denuncias y su posición crítica a los gobiernos nacional y regional desde su programa de radio.
A continuación los hechos que configuraron limitaciones a la libertad de expresión, el derecho de información y las garantías para el ejercicio del periodismo durante el mes de octubre de 2015:
El viernes 2 de octubre se publicó por última vez la versión impresa del Diario Los Andes en Táchira. Tenía 37 años informando a la población de ese estado. La causa no es distinta de las razones que han llevado a la desaparición de otros importantes medios regionales de Venezuela: falta de ingresos publicitarios y subida exponencial del costo de los insumos, a lo que se sumó los problemas del transporte.
El periodista y corresponsal de Univisión, Francisco Urreiztieta, denunció que él y su equipo de trabajo fueron detenidos durante cuatro horas en un puesto de control del ejército venezolano cerca del Río Limón, Estado Zulia, en la frontera con Colombia cuando se encontraban realizando un reportaje sobre el cierre fronterizo. Urreiztieta indicó que durante la detención, ocurrida el 04 de octubre, fueron obligados a borrar parte del material de su reportaje bajo la amenaza de ser detenidos. A través de su cuenta de Facebook, Urreiztieta señaló que fueron acusados de espionaje y de violar el estado de excepción.
El periodista Javier Ignacio Mayorca, uno de los reporteros de sucesos del diario El Nacional, denunció que los empleados de la Morgue de Bello Monte en Caracas insisten en limitar el trabajo periodístico. A través de su cuenta en la red social Twitter (@javiermayorca) explicó, el 04 de octubre, que los funcionarios bloquean el acceso de reporteros a instalaciones y amenazan a los deudos con retardar la entrega de cadáveres si declaran a los medios de comunicación. “Los roces entre el personal de la medicatura y los reporteros son cada vez más frecuentes. Quieren hacer invisible la violencia mediante censura”, dijo Mayorca. Esto se suma a los constantes enfrentamientos casi diarios de la GNB, que custodia las inmediaciones de la morgue, con los periodistas.
El diario Nueva Prensa de Guayana, del estado Bolívar, enfrenta un posible cierre técnico por falta de papel, según informó el 12 de octubre María Sequea, administradora del rotativo, que ha reducido sus cuerpos, paginación y tiraje, que pasó de 30 mil a sólo 5 mil ejemplares. Según Sequea, el diario vive una lenta agonía como consecuencia de la falta de asignación de divisas para la importación de papel de las bobinas.
Dos funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicipc) se presentaron a la sede del semanario Tal Cual, a las 8:00 p.m. del 8 de octubre, requiriendo a Francisco Layrisse, directivo del medio. La medida fue emitida por el Tribunal 29° de Primera Instancia en lo Penal del Área Metropolitana de Caracas. Otro tanto hicieron los funcionarios del cuerpo de seguridad en la sede del diario El Nacional en búsqueda de Miguel Henrique Otero, presidente editor de este rotativo, así como las instalaciones de la página informativa La Patilla. Alberto Ravell, director de la web, aseguró que el Estado está en conocimiento de que él se encuentra fuera del país, por lo que preguntó: “¿Terrorismo judicial?”. Sobre los directivos de estos medios de comunicación pesan medidas de prohibición de salida del país por haber reproducido una información del diario ABC de España sobre la presunta vinculación del diputado Diosdado Cabello con el narcotráfico.
De acuerdo con una investigación del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), de los 737 medios que existen en el país 57% tienen una línea editorial pro-oficialista. La mayoría de ellos son, incluso, de capital «independiente», pues oficialmente son 22 los que pertenecen al Estado.
Además de las limitaciones que se aplican mediante la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Radioeléctricos; el Gobierno ha conseguido asfixiar a los medios impresos controlando la importación de papel, mientras la radio y la televisión sufren con el temor de perder su concesión a capricho de la revolución. 80% de las emisoras de radio en el país tienen su concesión vencida, afirma Enza Carbone, presidenta de la Cámara de Radio de Venezuela.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su 156º período de sesiones de audiencias, pidió visitar Venezuela para constatar en terreno la situación de la libertad de expresión en el país. El comisionado Felipe González, quien es además relator para Venezuela y Estados Unidos, indicó que el Estado no se ha hecho cargo de las observaciones sobre el derecho a la información pública y agregó que «es importante que Venezuela cumpla la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre Radio Caracas Televisión”. En dicho período de audiencias varias organizaciones venezolanas presentaron denuncias sobre violaciones a los derechos humanos y específicamente la libertad de expresión.
El Concejal del Municipio Chacao, Diego Scharifker denunció que el 15 de octubre, durante la llegada al país del presidente de Un Nuevo Tiempo, Manuel Rosales, por el Aeropuerto Internacional de La Chinita en el estado Zulia, fue detenido un camarógrafo de la planta televisiva internacional CNN por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Informó además que a un fotógrafo del diario La Verdad le borraron todas las fotografías de su equipo.
Al mediodía del 18 de octubre, el periodista falconiano Félix Amaya sufrió un atentado cuando un sujeto que viajaba de parrillero en una moto roja le hizo varios disparos. El ataque contra el comunicador tuvo lugar en el cruce de la calle Dominó con calle Democracia, de Coro. Amaya había recibido una llamada telefónica a su programa radial «Aquí Cabemos Todos» de un sujeto que amenazó con «detonarlo». Sospecha que trataron de matarlo o intimidarlo por la posición crítica que mantiene en su programa «Aquí Cabemos Todos» por Médano 95.5 Fm y se transmite simultáneamente por Médano Televisión en Coro. Además redacta para el portal www.primeranoticia.net
El reportero gráfico del portal de noticias Caraota Digital, Jesús Medina Ezaine, denunció, el 27 de octubre, que la ministra para los Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, pretende demandarlo tras haber reportado la situación que se vivió en la cárcel Rodeo II, el 22 de octubre de 2015, donde un recluso murió y cinco personas estuvieron secuestradas por una semana.
Juan Guerrero Briceño, fotógrafo del diario La Verdad de Maracaibo, estado Zulia, fue amenazado por miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), quienes lo golpearon y lo patearon cuando se disponía a hacer su trabajo en las instalaciones del Hospital Universitario de Maracaibo, el 22 de octubre. Los uniformados le dijeron a Guerrero: “Te vamos a matar como un perro”. También resultaron agredidas dos reporteras del mismo medio de comunicación.
En el mismo hecho la estudiante de comunicación social, Ysbel Gil y la periodista, Isamar Prieto, recibieron jalones por parte de los hombres y tuvieron que entregar sus teléfonos. El equipo de reporteros del diario se encontraba en el centro hospitalario para recopilar información acerca de las víctimas de una explosión que ocurrió en el oeste de Maracaibo.
El 28 de octubre, el diario El Oriental de Monagas reseñó que en la sede de la Universidad Bolivariana de Venezuela-Maturín (UBV) prohibieron el acceso a los periodistas de los diferentes medios de comunicación de la entidad, debido a la cobertura que venían dando a las protestas de los estudiantes por la parálisis del comedor, la falta de aire acondicionado en las aulas, las fallas de luz, del ascensor y de equipos tecnológicos para las exposiciones.
El 28 de octubre de 2015, un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) amenazó con detener a Nairobi Rodríguez, reportera del portal digital El Pitazo Informativo, cuando se encontraba registrando testimonios fotográficos de un grupo de personas que hacían fila en un supermercado para comprar comida. El hecho ocurrió a las diez y media de la mañana en el sector 4 Esquinas, de Cumaná, capital del estado Sucre. Un funcionario de la GNB la tomó por el brazo y le exigió que le entregara el teléfono con el fin de borrarle las imágenes. Rodríguez no entregó el dispositivo.
El 26 de octubre de 2015, José Manuel Diz, reportero gráfico del diario La Verdad de Vargas, fue retenido por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), cuerpo de seguridad del Estado, cuando intentaba hacer la cobertura periodística de una protesta de trabajadores por el desalojo de una almacenadora del Grupo PG, C.A. en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Cuando fue reconocido como trabajador de la prensa por funcionarios militares lo retuvieron y le pidieron la memoria digital de su cámara. “Le di la memoria a un empleado, quien se encargó de pasarla entre los trabajadores para protegerla”, dijo. El reportero permaneció retenido durante una hora y media en una oficina de las instalaciones.
Miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) detuvieron en la mañana del miércoles 28 a varios trabajadores del diario 6to Poder y al padre de Leocenis García, director del medio. La acción por parte de los funcionarios se llevó a cabo mientras los trabajadores protestaban por cuarto día consecutivo frente a la Corporación Maneiro, para exigir que se le entregue al periódico la materia prima para poder circular. Leocenis García acusó a Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, por la detención de su padre.
El parlamentario por el PSUV, Pedro Carreño, arremetió contra la dirigencia opositora en términos procaces ofensivos hacia sus progenitoras en plena transmisión del programa “Vladimir a la 1″ de Globovisión, el pasado 28 de octubre. Y aunque el conductor del programa, Vladimir Villegas, le recordó que esos excesos violaban la Ley Resorte, el diputado no hizo ninguna rectificación ni emitió disculpas.
