El arresto esta semana del expresidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, John Ashe, pone de manifiesto algunas de las debilidades del organismo mundial.
La presidencia de la Asamblea General, que representa a 193 estados miembros, es terreno fértil para irregularidades. Quien la ejerce puede cumplir otras funciones al mismo tiempo y no tiene que hacerlas públicas; tiene amplia discreción sobre un presupuesto anual de unos 330.000 dólares y puede aceptar dinero adicional de los estados miembros sin tener que reportarlo a nadie.
Tampoco hay una investigación formal de los antecedentes de los candidatos al puesto.
«Es algo fascinante. Mi primera reacción es que se le está dando piedra libre a un cabildero interno», expresó Alejandro Salas, director regional de Transparencia Internacional para América. El experto mexicano agregó que su organización nunca hizo lo que describió como un «mapa de riesgos» de las Naciones Unidas, pero que probablemente deben prestar más atención a esto ahora.
Su abogado, Robert Van Lierop, afirma que Ashe es inocente, que «tiene una reputación impecable» y que saldrá reivindicado.
La Oficina de Servicios de Auditoría Interna de la ONU informó el jueves que estudiará los tratos con dos fundaciones cuyos líderes han sido vinculados con las irregularidades que se le imputan a Ashe.
Con información de El Impulso
