El status de 5 casos de presuntos ajusticiamientos cometidos por parte de organismos de seguridad del estado, específicamente Poliguanipa y Polianzoátegui Zona 6, ocurridos en el mes de agosto, fue expuesto este miércoles por Rafael Vega, defensor adjunto en la zona Sur de Anzoátegui.
Desde la Defensoría del Pueblo en El Tigre, Vega adelantó que solicitarán la separación del cargo del supervisor agregado Williams Rodríguez, actual jefe de la Policía del Estado en Guanipa, luego que de 4 procedimientos, 3 corresponden a este cuerpo de seguridad.
Foto: Diarioelvistazo
El más emblemático es el del trabajador de Pdvsa César Marcano, que fue sometido el 6 de agosto a una persecución policial y resultó muerto en circunstancias que según aseguró el defensor, no plantean un enfrentamiento o un hecho delictivo en flagrancia. «No hay ningún hecho policial involucrado, ni una persecución, ni enfrentamiento, no estaba siendo buscado por nada». Vega reiteró en este caso particular que debe haber mayor énfasis en las averiguaciones precisamente por la ausencia de elementos en contra del joven.
Reseñó que este caso actualmente lo posee el CICPC y esperan la celeridad para que sea la Fiscalía 19 quien se ocupe de determinar efectivamente lo ocurrido.
Los hermanos José y Rafael Pacheco, presuntos implicados en la muerte de un funcionario policial fallecieron el 28 de agosto luego de un presunto enfrentamiento con Polianzoátegui en la Urbanización Virgen del Valle. William Díaz, también corrió la misma suerte por el mismo caso.
Luis Campos Maray, funcionario de Polianzoátegui que presuntamente incurrió en el robo de un delito y fue abatido por funcionarios de Poliguanipa, es el cuarto caso en el que los familiares afirman que hubo un ajusticiamiento.
DEFENSORÍA ESTÁ EN CONTRA DEL SERVICIO COMUNITARIO A BACHAQUEROS
Hemos llamado la atención de los alcaldes para que no se tome la justicia en sus manos, sino que sean los tribunales correspondientes los que asuman esta situación e impartan justicia a los que incurran en delitos de especulación. Se refirió específicamente a la práctica aplicada en otros estados del país de aplicar un «servicio comunitario» que consiste en vestir con bragas identificadas «Soy infractor o Soy bachaquero». «Estamos en contra de esa práctica porque es una situación de humillación. El órgano que imparte penas es un juez, no todo el mundo tiene la facultad de impartir justicia».
HUBO PREFERENCIA MEDIÁTICA EN CASO DE LEOPOLDO LÓPEZ
El defensor afirmó que en el caso del dirigente opositor hubo preferencia mediática y consideró que los medios de comunicación discriminan a la gente humilde que también está esperando administración de la justicia. Afirmó que actualmente los casos de personas de escasos recursos pueden llegar a durar entre 4 y 5 años.
