Lexys Rendón, de la ONG Laboratorio de Paz afirmó que tras ser recibidos en la embajada de España, el personal diplomático se comprometió a hacer todas las gestiones que, «dentro del marco de sus obligaciones y derechos consulares, puedan hacer. Seguirán insistiendo en el debido proceso, que los abogados (de Rocío San Miguel) se juramenten», afirma la periodista Vanessa García.
Representantes de múltiples ONG y dirigentes de oposición realizaron una protesta pacífica el martes 20 de febrero en la sede diplomática ubicada en La Castellana, exigiendo la libertad de San Miguel, quien está detenida por su presunta vinculación con la conspiración Brazalete Blanco, según ha explicado el fiscal general de la República, Tarek William Saab.
Así mismo los defensores de DDHH abogaron por otros españoles detenidos por razones políticas.
