Después que la ONU expresó que había tomado nota del sitio de detención y el paradero de la abogada Rocío San Miguel, con las declaraciones del fiscal general de la República, Tarek William Saab, solicitó el derecho al debido proceso, incluido el derecho a la defensa.
Esa solicitud, que no es nada extraordinario, es al parecer el elemento que detonó el comunicado de expulsión de los 13 funcionarios activos en la Oficina Técnica del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk.
El canciller Yvan Gil leyó un comunicado en horas del mediodía de este jueves 15 de febrero para informar que el personal tiene 72 horas para rectificar públicamente o abandonar el país. VIDEO
Gil tildó las recientes declaraciones de la ONU como «colonialistas y abusivas».
La Oficina de DDHH ONU había expresado vía X: «Tras las declaraciones de las autoridades, tomamos nota de que el lugar de detención de Rocío San Miguel -y por tanto su paradero- ha sido confirmado y 4 familiares han sido puestos en libertad condicional. Deben respetarse las garantías del debido proceso, incluido el derecho a la defensa».
