El 7 de agosto, durante una protesta frente a la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Caracas, familiares de los 6 sindicalistas condenados a 16 años de cárcel, pidieron su liberación. Foto: Roison Figuera.
Los manifestantes le solicitaron al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) que aclare al país si realmente respaldó la sentencia, tal y como lo aseguró el fiscal general de la república, Tarek William Saab, reseñó TalCual.
Jesifer Requena, esposa del sindicalista Alonso Meléndez, afirmó que los trabajadores fueron condenados por defender los derechos laborales.
Por su parte, Yorbelis Oropeza, esposa del sindicalista Alcides Bracho, rechazó el planteamiento del fiscal general de que los 6 condenados no son sindicalistas.
Dijo que la jueza Grendy Duque dictó la sentencia obedeciendo órdenes políticas y no siguió el proceso judicial.
En la manifestación estuvieron presentes líderes sindicales del sector salud, educación y activistas de derechos humanos.
Rafael Uzcátegui, coordinador del Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos (Provea), denunció que la sentencia contra los sindicalistas es un intento del gobierno de intimidar a los gremios y trabajadores que protesten en su contra.
«Se quiere intimidar a todos los gremios y todas las personas que se han movilizado por un salario digno».
María Corina Machado, precandidata a las primarias, asistió a la protesta para rechazar la actuación del Ministerio Público.
Indicó que la sentencia contra los dirigentes sindicales es parte del patrón de persecución de Nicolás Maduro contra quienes luchan por derechos humanos y se oponen a sus políticas.
El pasado 5 de agosto, la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas se pronunció a respecto la condena a 16 años de prisión contra los 6 sindicalistas, sentenciados por los delitos de conspiración y asociación para delinquir.
La instancia explicó que el veredicto contra los sindicalistas «reafirma las preocupaciones previamente planteadas en cuanto a la criminalización de los defensores de derechos humanos en Venezuela, incluyendo aquellos comprometidos en demandas por mejores condiciones de trabajo y derechos laborales», refiere el comunicado firmado por Marta Hurtado, portavoz del Alto Comisionado.
