Javier Gorriño, abogado, criminólogo y miembro de la comisión de seguridad ciudadana de la Mesa de la Unidad Democrática, MUD advirtió que el Operativo para la Liberación del Pueblo, OLP, solo puede ser descrito como un acto de “involución policial” porque demuestran una, “gran incapacidad de las policías, que deben molestar a 500 personas para encontrar al autor de un hecho delictivo”.
Foto: Juan José Ojeda
El experto en seguridad, quien fuera el invitado del Centro Popular de Formación Ciudadana, CPFC, al foro: OLP ¿Solución de fondo a la inseguridad o artilugio efectista del gobierno? Explicó que este tipo de acción que adelanta el Gobierno nacional en las llamadas zonas de paz, así como en las edificaciones de la Gran Misión Vivienda Venezuela, que se consideraban que habían “pasado a la historia”, eran muy comunes en los años 70, 80 e inclusive hasta principios de los 90, siendo abandonados al ser eliminadas las detenciones administrativas y “por la presión del recién electo gobierno de Hugo Chávez al final de esa década”.
Recordó que los hechos ocurridos en La Cota 905 a partir del pasado 5 de junio cuando fuera emboscada una comisión de la Policía Nacional Bolivariana donde resultaron heridos cinco funcionarios y les fueran quemadas nueve motos por presuntos antisociales. El ataque a la caravana del Ministro del deporte Pedro Infante el 19 de junio y al día siguiente, el 20, una comisión de la PNB que perseguía a unos delincuentes fuera recibida a tiros y les fuera quemada la unidad policial, habría sido el detonante, en opinión de Gorriño, que llevó al gobierno a crear este operativo policial denominado OLP.
Destacó que uno de los errores que ha podido apreciar, tiene que ver con que al haber tantos funcionarios involucrados de diferentes organizaciones policiales en este tipo de acciones, “la información llega a la ciudadanía y a oídos de los jefes de las bandas y el día del operativo no van a estar presentes, como pareciera que efectivamente pasó en la Cota 905 en donde, con más de 250 detenidos, no hubo ningún cabecilla capturado”.
Por su parte, Cipriano Heredia, coordinador de foros del CPFC, señaló que hasta ahora el Gobierno nacional “no ha tenido una política de seguridad ciudadana seria” al haber tratado de implementar más de veinte planes de seguridad en los últimos años. “El Estado tiene una deficiencia enorme sobre como aborda esta situación al tener una conducta zigzagueante, no tener una política estructurada y una visión clara de cómo atacar el delito y la inseguridad”.
“Los venezolanos demandamos una solución estructural donde se ataquen todos los frentes y no algo que pueda ser calificado de show mediático y paño caliente, justamente al ser uno de los tres problemas más importantes que nos afectan como nación de acuerdo a todos los estudios de opinión”, concluyó.
Juan José Ojeda Díaz / Prensa de Solidaridad
@juanjoseojeda
