La ex tesorera nacional de Venezuela, Claudia Patricia Díaz Guillén y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, fueron condenados este miércoles en EE.UU. a 15 años de cárcel y 3 años de libertad vigilada cada uno, por lavado de dinero, destaca EFE.
La sentencia del juez William P. Dimitrouleas en Miami, Florida, también establece que deberán restituir 136 millones de dólares y pagar una multa de 75.000 dólares cada uno.
La Fiscalía había pedido sentencias de no menos de 23 años y 5 meses de cárcel para ella y de 19 años y cinco meses para él.
Díaz Guillén y Velásquez Figueroa fueron personas de confianza de Hugo Chávez -son conocidos como la «enfermera» y el «guardaespaldas» del presidente de Venezuela fallecido en 2013- y se radicaron en España en 2016, según alegan, porque eran perseguidos por el actual mandatario venezolano, Nicolás Maduro.
Díaz, fue miembro de la Guardia de Honor, cuerpo responsable de la seguridad de los presidentes venezolanos, y parte del equipo de médicos y enfermeras que cuidaban a Chávez. Su esposo, fue jefe del Departamento de Seguridad del palacio presidencial de Miraflores.
Ambos tienen doble nacionalidad venezolano – española.
La Fiscalía calcula que obtuvieron al menos 136 millones de beneficio como resultado de su participación en el plan de corrupción basado en el sistema de control de cambios de Venezuela.
En un artículo de Gisela Salomón para AP News, el juez federal William Dimitrouleas dictó sentencia cuatro meses después de que un jurado la encontró culpable a ella y a su esposo, de cinco de las seis acusaciones que enfrentaban desde 2020 por haber recibido millones de dólares en sobornos.
Desde hace años el gobierno estadounidense ha acusado a decenas de empresarios y funcionarios venezolanos de haber lavado dinero en este país. La mayoría de ellos han sellado acuerdos de culpabilidad con la fiscalía para evitar condenas severas.
Díaz, que se desempeñó como tesorera de Venezuela entre 2002 y abril de 2013, sin embargo, es la primera que se declaró inocente y llegó a juicio. A lo largo del proceso aseguró que en sus funciones no era independiente sino que cumplía con las órdenes de Chávez.
De acuerdo con la acusación formal, Díaz y su esposo recibieron pagos de compañías controladas por Raúl Gorrín -un magnate de los medios que también enfrenta cargos y actualmente está prófugo- en cuentas en Miami que supuestamente fueron usadas para financiar la lujosa vida de la pareja.
El gobierno asegura que el rol de la exenfermera fue clave para la trama de negocios corruptos en los que participó Gorrín. Según los fiscales, a cambio de favorecer al empresario, Díaz recibió pagos por unos 136 millones de dólares que su esposo ocultaba a través de la creación de compañías fantasma y cuentas bancarias en el extranjero. Parte de ese dinero llegó a Miami.
La pareja cambió completamente su estilo de vida de clase media y accedió a jets privados, yates, viajes internacionales y artículos de moda de lujosas marcas.