El martes 11 de abril la Fiscalía General de México informó que procederá penalmente en contra del titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, entre otros funcionarios, por la muerte de 40 migrantes en el incendio ocurrido el 27 de marzo al interior de una estación migratoria en ese país.
“Se ha procedido penalmente en contra de los directivos del INM, Francisco “N” y Antonio “N”, quienes incurrieron en presuntas conductas delictivas, al incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, propiciando los delitos cometidos en contra de los migrantes”, señaló la Fiscalía en un comunicado.
En la tragedia murieron 40 migrantes, entre ellos seis hondureños, siete salvadoreños, 18 guatemaltecos, siete venezolanos y un colombiano.
La Fiscalía mexicana explicó que su actuar se da luego de determinar “un patrón de conducta en el que se han omitido, por parte de los responsables, las medidas de seguridad que eran indispensables y obligatorias para estos casos”, reseñó la agencia EFE.
Esto, después de indicar que la función del INM es la ejecución, control y supervisión de todas las políticas migratorias en el ámbito nacional.
La Fiscalía también indicó que se precederá penalmente en contra de los servidores públicos Salvador “N”, Juan “N”, Cecilia “N” y Eduardo “N”, que “se encuentran vinculados directamente con las conductas que generaron los homicidios y las lesiones que sufrieron las víctimas de estos delitos”, reseñó la agencia EFE.
Destacó que la asignación de la empresa privada encargada de la seguridad en los centros del INM se dio con base en contratos públicos asignados de forma directa, “omitiendo sus obligaciones de licitación pública y generando costos del doble de lo que en el sector público se paga por esos mismos servicios”.
“También omitieron el cumplimiento de sus obligaciones de capacitación, control y supervisión que eran obligatorias; y, más aún, se ha evidenciado que la empresa se abstuvo de registrar en el IMSS a la inmensa mayoría de sus dependientes, lo cual trató de hacer días después de los hechos señalados”, abundó la FGR.
Por ello, determinó que todos estos antecedentes muestran una “serie de conductas ilegales y omisas” que son “elementos fundamentales que propiciaron la comisión de los delitos de referencia”.
