Este lunes 10 de abril el Defensor Público General, Daniel Ramírez Herrera visitó el Palacio de Justicia de El Tigre, estado Anzoátegui con el objetivo de verificar el Plan de Justicia Inmediata que su despacho inició en diciembre del 2022.
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«La idea es reunirnos con todos los jueces de ejecución para unificar criterios y conocer cuáles son los inconvenientes que se les presentan en sus causas y por qué no logran pronunciarse sobre la fórmula alternativa de cumplimiento de pena, por varias circunstancias que tienen que ver con distintas instituciones. Pero como Estado, tenemos que dar respuesta. Queremos lograr que este juez se pueda pronunciar una vez le lleguen todos los requisitos», explicó al ser entrevistado por El Vistazo.
Ramírez Herrera, que estará en el estado Bolívar el martes 11 de abril, aseguró que han revisado «más de 8.000 causas en fase de ejecución y se han producido 510 libertades, formas alternativas de cumplimiento de pena», desde que el plan comenzó en diciembre del 2022 en el Área Metropolitana de Caracas, continuó por Miranda, Aragua, Lara, Zulia, entre otras entidades.
Datos de Anzoátegui
Se refirió a la revisión hecha en municipios del centro sur del estado Anzoátegui. Fueron revisadas 238 causas en fase de Ejecución, «identificando que le faltan antecedentes penales a 55 privados y privadas de libertad, 22 llegan al 75% de la pena por redención y hay dos solicitudes de traslado interpenal», mencionó en su balance.
El alto funcionario estuvo acompañado de Liliana Gómez, coordinadora Defensa Pública en Anzoátegui; la coordinadora en El Tigre, Andrea Costa. Así mismo Elis Zamora, coordinador del circuito judicial El Tigre y Osmiler Castro, Defensor del Pueblo adjunto en la zona sur de Anzoátegui.
