Caracas 20/07/15. (PS).- Pedro Castillo, miembro de la Dirección nacional del Movimiento al Socialismo MAS condenó las inhabilitaciones anunciadas recientemente por la Contraloría General de la República en contra de dirigentes de diferentes organizaciones políticas que han presentado sus nombres a las próximas elecciones parlamentarias. “Se ha usado de manera ilegal en nuestro criterio la Contraloría y el Consejo nacional electoral con el propósito de que personas que piensan distinto al oficialismo les sea imposible presentar sus candidaturas”.
Recordó que desde la tolda naranja se le ha exigido al Gobierno nacional en innumerables ocasiones que, “compita de forma leal como corresponde en toda democracia en un escenario electoral” y rechazó la ventaja que funcionarios de gobierno han hecho desde el poder para la utilización de organismos públicos a fin de “sacar del camino” a ciudadanos que han sido postulados o impedirle a partidos políticos registrar sus organizaciones para inscribir candidatos.
Señaló que igual ocurre con un conjunto de venezolanos que se han visto forzados a salir del país ante el acoso y persecución y a los que se les han violentados sus derechos fundamentales. “Somos absolutamente solidarios con la situación que presentan dirigentes políticos como Daniel Ceballos, María Corina Machado, Enzo Escarano, Pablo Pérez y Numa Rojas, y además, quienes están fuera del país exiliados, como Manuel Rosales, Ramón Martínez, Eduardo Lapi y Eduardo Manuitt”.
Persecución al MAS en Vargas
Castillo, quien es el secretario general del MAS en el estado Vargas denunció que miembros del partido sufrieron recientemente una serie de vejámenes por parte del contralor de ese estado, Pedro Rodríguez, que en un acto al margen de la ley, “detuvo a nuestros compañeros y los obligó a una serie de trabajos forzados por haber pintado unos murales”, en los que se denunciaba la problemática de la falta de agua y la acumulación de basura en el litoral varguense.
Destacó que el procurador, que no tiene competencia policial, “pretende callar la voz de los habitantes de Vargas” que deben sufrir además la contaminación producto de los gases que se generan tanto en la planta de Tacoa como la de Picure, que en lugar de trabajar con gas, “ahora funcionan con fuel oil, lo que equivale a quemar toneladas de petróleo causando serias enfermedades en niños y adultos”.
Agregó que en vista de esta situación, “Decidimos pintar una serie de murales en los que exigimos agua, servicio eléctrico adecuado, recolección de la basura y que se resuelva el problema gravísimo que después de la tragedia de Vargas, no se han reparado los sistemas de recolección de aguas servidas por lo que todas las cloacas van a parar al mar, generando un daño de proporciones incalculables al medio ambiente marino”.
Anunció que ejercerán acciones legales en contra de este funcionario que los despojó de sus documentos de identidad y amenazó a las mujeres que se encontraban en el grupo, “con ser encarceladas con narcotraficantes y delincuentes peligrosos para ver que pasaba, violando con esto las normas que regulan los derechos de la mujer”.
Dijo además que situaciones similares ocurrieron en el estado Monagas y Guárico donde las autoridades regionales, “han arremetido contra el Movimiento al Socialismo en sus acciones propagandísticas en defensa de los ciudadanos y los problemas más graves que los afectan”.
Juan José Ojeda Díaz / Prensa de Solidaridad
@juanjoseojeda
