La señora Nelsy Bastardo de 76 años de edad exigió justicia encadenada en la fachada de un local comercial ubicado en la avenida Rotaria de El Tigre, que era de su padre Marcos Bastardo fallecido en 2012.
Ella y sus hermanos introdujeron una demanda en tribunales en el año 2020 solicitando el desalojo de la empresa Hermanos Capizzi por presunta morosidad.
Los inquilinos apelaron y el 25 noviembre 2022 la juez superior provisoria, Karellis Rojas Torres, “ordenó la reposición de la causa al estado de admisión de la demanda por desalojo de local comercial”.
Este lunes 30 de enero, Nelsy Bastardo decidió protestar junto a una de sus hijas asegurando que ya se cumplieron los tres años de prórroga legal y «el inquilino no se quiere salir», dijo al ser entrevistada por El Vistazo a primera hora de la mañana. En una pancarta colocada en la santamaría del local le pide al arrendatario que se mude a su propio edificio, refiriéndose a la estructura contigua al inmueble en conflicto.
También llamó la atención en cuanto al monto mensual de 0,5 bolívares que estaría cancelando el inquilino desde 2020, cifra que fue ratificada por el señor César Capizzi entrevistado telefónicamente por El Vistazo.
“Hace tres años ellos aspiraban un monto de 900 dólares mensuales por el alquiler. Era una cantidad impagable para que yo me viera en la obligación de entregar el local”, expresó Capizzi. Con respecto al alquiler mensual de 0,5 bolívares, alegó que en 2018 pagaba 500 mil bolívares “y con cada reconversión que había, llegamos a este monto ínfimo”, detalló el entrevistado. “Ellos nunca han querido llegar a un acuerdo real, o que alguien del SUNDDE venga y establezca una fórmula, no. Ellos arbitrariamente dicen tú vas a pagar esto y si no lo puedes pagar, te vas”, agregó.
Manifestó su desacuerdo con que la señora Nelsy se encadene, ya que considera que se está victimizando.
Expresó al Vistazo que de los 30 años que tiene como arrendatario, los últimos tres los describe como “un viacrucis”, ya que ha sido objeto de amenazas e insultos por varios integrantes de la familia Bastardo. Adicionalmente, Capizzi manifestó que esta situación judicial le ha ocasionado un daño económico y también refirió que la acción de encadenarse, le genera pérdidas.
«En ningún momento quiero quedarme con local, ni nada (…) cada día que ese negocio esté cerrado, deja de producir”, dijo el entrevistado.
Este caso representa la tercera persona que se encadena en El Tigre en los últimos 8 días por el mismo motivo: un alquiler en conflicto. Como en los casos anteriores, Osmiler Castro, defensor adjunto del estado Anzoátegui, ha intervenido para conciliar, mediar y garantizar los derechos de las partes. En este caso particular habilitó la sede de la Defensoría del Pueblo en la avenida Francisco de Miranda para una reunión que se llevó a cabo desde las 2:00 de la tarde del mismo lunes. El Vistazo pudo conocer que en el encuentro estuvo presente un fiscal auxiliar del Ministerio Público.
