La plenaria de la Asamblea Nacional, dominada por el Psuv, declaró la responsabilidad política del alcalde opositor del municipio Zamora en el estado Miranda, Raziel Rodríguez (Fuerza Vecinal) por el delito de desalojo ilegal de un parcelamiento y el derribo de viviendas. La investigación hecha por una comisión encargada, terminará muy probablemente en la destitución de ese alcalde y seis funcionarios más, según expresó el diputado Pedro Carreño. Foto portada: Archivo AN.
Los avances de la investigación fueron presentados por el parlamentario Ricardo Molina en la sesión ordinaria del 9 de junio. Esa comisión está conformada además por los diputados Azucena Jaspe (PSUV), Óscar Ronderos (AD intervenido), Rosa León (PSUV, Blanca Eeckout (PSUV), Pedro Infante (PSUV), Juan Carlos Alvarado (Copei intervenido) y Nixon Maniglia (AD intervenido), como describe Tal Cual.
Al menos 13 delitos son señalados en este caso: Hacer pasar por invasores a varias personas simulando hechos punibles, aprehensión ilícita por delitos inexistentes, privación de la libertad, maltrato contra adulto mayor, detención sin orden, incautación ilícita de celulares, entrada forzada a propiedad, apropiación de bienes, eliminación de acceso al agua potable, tala de árboles centenarios, degradación de suelo, agavillamiento, entre otros.
La primera acusación contra el alcalde de Guatire la hizo el diputado Diosdado Cabello en abril, primero en su programa de televisión Con el Mazo Dando y luego en el seno del Parlamento. Ahora este informe reciente será enviado al Ministerio Público, que deberá declarar la culpabilidad o no de los funcionarios.
«Solicitamos y recomendamos también al Poder Ciudadano llevar a cabo las acciones a las que haya lugar para hacer efectiva la responsabilidad del alcalde como principal responsable en la actuación por violación de los derechos humanos de los afectados. También que se tomen medidas en contra de Neida Martínez directora de la Policía de Zamora, a José Ramos Parica y Raúl Romero, funcionarios policiales», dijo Molina.
También se declaró responsabilidad sobre la abogada Yusbeli Caguaripano quien fue juez de primera instancia de control estadal – municipal en Miranda; así como contra Belkis Ramírez (Polizamora), Carlos Carratú, Director de Ingeniería Municipal y Evandro Rodríguez, Director de Vivienda.
“El diputado del PSUV, Pedro Carreño, dijo sobre el caso que corresponde al Ministerio Público imponer la responsabilidad penal, civil y administrativa a todos los implicados de acuerdo al artículo 187 de la Constitución, el cual establece el resultado de las investigaciones del Parlamento tienen valor probatorio. El artículo 187, numeral tres de la Carta Magna al que se refirió Carreño establece que corresponde a la AN lo siguiente: Ejercer funciones de control sobre el Gobierno y la Administración Pública Nacional, en los términos consagrados en esta Constitución y en la ley. Los elementos comprobatorios obtenidos en el ejercicio de esta función, tendrán valor probatorio, en las condiciones que la ley establezca”, puntualiza Tal Cual.
«Lo que procede es que luego de que esta plenaria apruebe la responsabilidad de estos ciudadanos, la directiva oficie al Poder Ciudadano iniciar las acciones ¿Qué acarrea esto? que estos ciudadanos queden destituidos de sus cargos», dijo Carreño.
Por su parte, el presidente de la AN, diputado Jorge Rodríguez, indicó que se equivocan quienes piensan que el proceso de diálogo les otorga, de manera automática, una patente para cometer desmanes o atacar a habitantes humildes del municipio Zamora del estado Miranda, destaca una nota de prensa de la AN.
Tal Cual agrega que la bancada oficialista respaldó los planteamientos contra los señalados. Pero además instó a los diputados atender denuncias de la ciudadanía sobre casos similares en otras zonas de la nación en las que las autoridades se han declarado afectas al gobierno de Maduro.
Más datos: En la sesión del jueves 21 de abril, Diosdado Cabello detalló que agricultores de una unidad de producción familiar en el parcelamiento Villa Zamora 2021, en la Zona Industrial Terrinca, presenciaron cómo funcionarios de la Policía Municipal de Zamora junto con representantes de una empresa textil aledaña —que ha aseverado ser la titular de las tierras— destrozaron el terreno con el objetivo de provocar un desalojo.
El parlamentario afirmó que el grupo de familia del parcelamiento recibió una carta agraria por parte del Instituto Nacional de Tierras, INTI, en 2016, pero en 2019 habrían recibido una denuncia «como presuntos invasores por una empresa aledaña».
Por los hechos relatados por Cabello se conoció que un tribunal de control del Circuito Judicial Penal del estado Miranda, de la subregión Guarenas-Guatire – Barlovento, dictó medida privativa de libertad contra cuatro funcionarios de la Policía Municipal de Guatire por el desalojo.
#ATENCION Asamblea Nacional oficialista aprueba la responsabilidad política y las acciones: penales, administrativas y civiles en contra del alcalde @razielrod_ de #Guatire #Zamora por el presunto hecho de desalojo en el terreno de la empresa privada #GuatireTextil
— Luis Gonzalo Pérez (@luisgonzaloprz) June 9, 2022
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