El nuevo presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Roberto Orta Martínez, aseguró en el estado Anzoátegui que uno de los objetivos de su gestión es «impulsar el cambio de las leyes que afectan al sector inmobiliario».
Las tres leyes en las que señalan objeciones fueron descritas en un encuentro realizado el sábado 4 de junio en El Tigre, organizado por CIDEASUR, Capítulo Inmobiliario del estado Anzoátegui zona sur, asociación adscrita a la CIV.
La Ley de Arrendamientos de Viviendas, por restringir la oferta de viviendas en alquiler. Orta explicó que la actual legislación establece un procedimiento que no permite al propietario recuperar su inmueble; así como restricciones a la hora de fijar el canon de arrendamiento. Ambos elementos desmotivan el alquiler por falta de seguridad jurídica.
Otra de las leyes cuestionadas es la Ley de Estafa Inmobiliaria. El experto aseguró que restringe la posibilidad al sector privado de construir proyectos habitacionales para la clase media y los sectores populares. Y la tercera ley es la del deudor hipotecario, en la cual solicitan dar libertad para escoger la moneda en la que se pueden fijar las hipotecas.
«Estamos participando en las mesas del Motor Construcción del Ministerio de Vivienda, exigiendo, solicitando se reforme esta ley en beneficio del sector y del país. Las familias jóvenes requieren todas las opciones de vivienda para vivir en Venezuela», dijo en referencia a la Ley de Arrendamientos.
«Nosotros estamos claros en lo que hay que modificar y llevamos la propuesta al Ministerio de la Vivienda. Esperamos que cuando se discuta en la Asamblea Nacional, se despolitice el tema inquilinario, tinte que se le dio en el año 2011», dijo ante los agentes inmobiliarios de El Tigre y Anaco que participaron en la cita, aclarando que las modificaciones dependen finalmente de las decisiones que tome el Parlamento Nacional.
Orta Martínez promovió los programas de formación: El Preani, Programa de Especialización en el Negocio Inmobiliario; Programa de Especialización en Gerencia Inmobiliaria (Pegi) y Programa de Especialización en Administración de Inmuebles (Padi), este último dirigido a los interesados en incursionar en administración de Condominios, Centros Comerciales o Arrendamientos.
Por su parte Mónica Álvarez, presidenta del CIDEASUR, expresó que la presencia de las autoridades nacionales demuestra que el gremio «es una sola familia y debemos demostrar las fortalezas que nos da nuestra cámara no solo en formación sino también con valores y ética».
El nuevo presidente de la CIV que asumió las riendas este año 2022, busca desde temprano fortalecer el bloque gremial en el oriente del país, haciendo visitas estratégicas en múltiples ciudades. La Cámara Inmobiliaria de Venezuela tiene 24 capítulos regionales y 4.700 afiliados. Orta aseguró que se trata de uno de los gremios de mayor actividad y presencia en el país, tras 56 años de trayectoria.
