ESPECIAL / Nilsa Varela.- “Solo quiero decirle a ustedes, usurpadores, que la justicia llega, que quizás tarde, pero la justicia llega. Van a pagar por lo que han hecho”, dijo Armando Pérez, hermano del ex inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Oscar Pérez, líder de la disidencia policial asesinado junto a seis compañeros en la masacre de El Junquito el 15 de enero del 2018.
El comentario lo emite luego que la exfiscal de la República, Luisa Ortega Díaz, publicó el 14 de marzo algunas de las 300 imágenes que tiene de este caso y que serán enviadas con un informe forense a la Corte Penal Internacional (CPI) como muestra de crimen de lesa humanidad en Venezuela.
Armando Pérez y su mamá, autorizaron la publicación de las imágenes. En varias se aprecia que Oscar Pérez fue acribillado.
Expediente ante la CPI. En marzo del 2018 Ortega Díaz introdujo una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI): El asesinato de Óscar Pérez y seis de sus aliados. Se trata de la segunda demanda de Ortega contra Nicolás Maduro, luego que en noviembre de 2017 lo denunció como principal responsable de la violación sistemática de derechos humanos en Venezuela.
Lo ocurrido. El 15 de enero de 2018, la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Dirección General Contra Inteligencia Militar (Dgcim) y Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) cerraron el paso al sector El Cujicito de El Junquito (Distrito Capital). Bajo la Operación Gedeon, que en hebreo significa Destructor o Guerrero Poderoso, buscaban a Pérez y su grupo de rebeldes.
La acción policial-militar ordenada por Nicolás Maduro, fue transmitida en vivo a través de las redes sociales por el propio Oscar Pérez. A pesar de su rendición, Maduro activó el Ceofanb (Comando Estratégico Operacional de las Fuerzas Armadas) que no busca aprehender sino ejecutar una acción bélica. El resultado fue la muerte de Pérez (36) y su grupo: Daniel Soto Torres (30 años), Abraham Lugo Ramos (30), Jairo Lugo Ramos, Lisbeth Andreína Ramírez Mantilla (26), José Alejandro Díaz Pimentel y Abraham Agostini Agostini (36).
En el hecho murieron además dos miembros de colectivos oficialistas, que según el ministro Néstor Reverol eran efectivos policiales que fueron atacados por el grupo de Pérez: S/J Andrian Domingo Ugarte Ferrera (32) y O/A Nelson Antonio Chirinos La Cruz (29).
La Asamblea Nacional realizó una investigación desde la Comisión de Política Interior, presidida por la diputada Delsa Solórzano, que duró tres meses. Allí se determinó la responsabilidad de 20 funcionarios de distintos cuerpos de seguridad.
“La investigación concluyó que en El Junquito ocurrió una masacre. Aunque hubo varias detenciones, todas fueron contra Óscar Pérez. Esa fue la única investigación que abrió el Estado, pero no hizo nada contra los funcionarios que actuaron en ese momento. Esto es una clara denegación de justicia“, expresó Solórzano a Efecto Cocuyo.
Los parlamentarios acudieron en vano a la Defensoría del Pueblo para intentar presionar al Ministerio Público sobre la violación de derechos humanos cometida.
