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Un terreno: Posible punto de la discordia entre la Alcaldía de El Tigre y Vivolca

Actuación destemplada, temeraria, maliciosa y premeditada. Estos fueron algunos de los adjetivos utilizados por el abogado José González Escorche para describir la actuación de dos funcionarios de la Alcaldía de Simón Rodríguez. El apoderado jurídico de la empresa Vivolca decidió exponer a la luz pública la presunción del intento de expropiación del alcalde Ernesto Raydán, a quien no dudó en comparar con el expresidente Hugo Chávez.

Presumen que un atractivo terreno de 21.000 mt2 es el punto de la discordia. El espacio está ubicado en la avenida Intercomunal Tigre – Tigrito, contiguo a la empresa. De ser cierta la sospecha, esta versión estaría muy alejada de la que ha promocionado el burgomaestre a través de un grupo de medios de comunicación bien seleccionados.

En esas tribunas, Raydán ha asegurado que el cobro de la supuesta deuda de Vivolca por el orden de los 138.000 dólares, podría solucionar la falta de agua en el municipio; un discurso que también arengó frente al portón de la empresa, acompañado por un contingente de vecinos.

En la rueda de prensa realizada este lunes 10 de junio en las instalaciones de Taller Vivolo C.A (Vivolca), el abogado calificó como “torpeza jurídica” la actuación del alcalde y su hermano Humberto Raydán, superintendente del ente tributario local, Samat.

Como si fuese poco escandaloso escuchar la palabra expropiación desde una Alcaldía de oposición (Acción Democrática), el apoderado de la empresa además cuestionó a las autoridades municipales por el desconocimiento de las leyes en general, así como por incurrir en los delitos de difamación e injuria en el momento que denunciaron que Vivolca cometió una estafa por presunta evasión de impuestos.

“¿Si el taller Vivolca no ha pagado los impuestos desde hace tres o cuatro años, como lo dice el alcalde y el superintendente del Samat, por qué su funcionaria Isney Gabriela Torres Arias no realizó el reparo fiscal de los años indicados, es decir si ellos dicen que no pagamos 2015, 2016 y 2017 y esa funcionaria actuante vino a hacer un reparo fiscal del 2018, por qué no lo hizo con los demás años? Entonces allí se ven otros intereses en este conflicto, están creando una matriz de opinión para desprestigiar, mal poner y decir que Vivolca es mala paga y si es mala paga, le vamos a quitar todas las cosas que le haya comprado al municipio”, expresó el abogado.

Las licencias de roscado de tuberías a nivel internacional y varias certificaciones API, American Petroleum Institute, han construido el prestigio de esta empresa que ya tiene 48 años de funcionamiento. Y hoy, este importante activo intangible es protegido a capa y espada por sus propietarios.

“No sabemos quiénes son los autores de esta matriz de opinión pero presumimos que en este show político hay una mano negra“.

El abogado criticó la discriminación de la cual fueron objeto sus representados en un programa de radio. “El alcalde expresó ‘tienen tres años que no pagan los impuestos porque sobornaron al alcalde anterior, a los funcionarios para ellos poder pagar lo que les da la gana, además ellos cobran en dólares y si cobran en dólares deben pagar en dólares, además ellos son ricos y como son ricos quieren hacer lo que les da la gana en el municipio”, señaló asombrado González Escorche.

Acción paralela con papeles del terreno. 

El 28 de mayo comenzó la polémica con las declaraciones del alcalde en una radio. El 3 de junio se presentó con un grupo de personas en el portón de Vivolca. El viernes 7 de junio los propietarios solicitaron la constancia de solvencia municipal y obtuvieron una sorpresa como respuesta. Se las negaron, alegando que la propiedad está bajo un proceso administrativo. Allí confirmaron que antes de todos estos eventos de distracción, el pasado 22 de mayo el concejal Dimas Acosta pidió que esa misma documentación pasara a Cámara Municipal para iniciar su recuperación. 

Rosario de errores jurídicos.

La Alcaldía insiste en hablar de una deuda de casi 138.000 dólares y González Escorche afirma que no sólo no deben, sino que en sus cuentas la sumatoria de varias notas de crédito que obvió el personal del Samat, da 141.000 dólares, es decir, un monto en dólares a favor.

Otro argumento que mantienen los hermanos Raydán tiene que ver con el pago incorrecto de los impuestos y supuesta estafa. La patente de Vivolca, documento emitido por la propia Alcaldía, establece que por su clasificación corresponde pagar la alícuota de 1.40%. Sin embargo, afirmó en la ronda de preguntas Hereanny Fernández una de las administradoras, que en los años 2016, 2017 (alcalde Jesús Figuera) y en 2018 (alcalde Ernesto Raydán), algunas facturas se pagaron con la alícuota del 7% por contratos petroleros con Petropiar y Pdvsa.

Según el Código Orgánico Tributario, cuando una empresa tiene doble actividad, a nivel contable se deben dividir tales actividades y así, afirmó la fuente, fueron cancelados los impuestos.

En la lista de errores también figura la pretención de aplicar la Ordenanza de Actividades Económicas vigente desde el primero de enero del 2019, a facturas emitidas en el 2018. En esta nueva ley se establece el pago en moneda extranjera, mientras que la ordenanza activa desde 2016 al 31 de diciembre de 2018, no.

“Aplican retroactivamente una ley municipal que comenzó a tener vigencia en 2019, a hechos ocurridos en el 2018. Las leyes no tienen efecto retroactivo señor alcalde, señor superintendente del Samat”, explicó con algo de vergüenza ajena, el especialista.

En un documento elaborado por Vivolca se detalla lo siguiente:

El 21 de febrero de 2019 recibieron el Acta de Reparo Fiscal N° AMSR-SAMAT-GFA-IGTA-2019-003, de fecha 19 de febrero de 2019 por parte de la funcionaria Isney Gabriela Torres Arias, donde nos indica un reparo correspondiente a CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUATRO CON 76/100 CTS (Bs. 453.947.504,76) que según auditoría realizada por ella de forma PARCIAL, arrojaba una deuda de $137.689,41 a la cual le aplicaron la tasa de cambio correspondiente al DOLAR DICOM de Bs. 3.299,12

Cuando procedimos a analizar dicha acta, nos encontramos con lo siguiente:

  1. No están aplicando el cobro a lo facturado en moneda extranjera en el ejercicio fiscal 2018, cuando la tercera reforma parcial a la ordenanza municipal de impuestos sobre actividades económicas, de industria, comercio y servicios o de índole similar del municipio Simón Rodríguez del estado Anzoátegui, realizada por ellos, donde incluyen cómo se realizará el pago en moneda extranjera entra en vigencia el 01/01/2019, lo cual no aplica con carácter retroactivo para el ejercicio fiscal 2018.
  2. Cuando hablamos de una AUDITORIA PARCIAL, nos referimos con prueba en mano, a que la funcionaria Isney Gabriela Torres Arias, en su procedimiento, toma en consideración lo que ella quiso, para aplicar la sanción antes indicada, pues al momento de ella presentarse en nuestras oficinas, y entregar el acta de requerimiento de forma inmediata se le suministró todo, y ella seleccionó exclusivamente las facturas en moneda extranjera, pero en ningún momento se detuvo, a revisar el 100% de la documentación suministrada, y en donde se encontraban las NOTAS DE CREDITO, soportadas con las facturas ORIGINALES, a la cual hacía anulación y que se encuentran en moneda extranjera.

“Si el procedimiento de auditoría – continúa detallado en el escrito – lo hubiera realizado en forma correcta, en ese mismo momento ella hubiera determinado que las NOTAS DE CREDITO emitidas, superan el monto de lo facturado en el ejercicio fiscal 2018 en moneda extranjera, y en forma inmediata hubiera determinado que VIVOLCA no tiene ningún tipo de deuda en moneda extranjera al municipio, cabe destacar, esto en el caso que hubiera aplicado la tercera reforma a la Ordenanza Municipal antes mencionada”.

González Escorche reiteró en varias oportunidades que no existe tal evasión tributaria y que detrás de esa excusa la verdadera motivación es hacerse con un terreno propiedad de Vivolca.

“El problema no es el pago del 7% porque lo hemos pagado. Aquí hay que preguntarse qué están buscando estos señores con esta matriz de opinión en contra de la empresa Vivolca, qué otros intereses existen para que ellos actúen en una forma destemplada, temeraria, maliciosa, premeditada”.

El abogado finalizó haciendo algunas preguntas.

  1. Al alcalde, señor Ernesto Raydán ¿Realmente los funcionarios del Samat le suministraron los pagos de impuestos al municipios del taller Vivolo, de los años 2015, 2016, 2017, 2018?. Dígame si usted vio esos recibos de pago y dígame si la empresa Vivolca debe impuestos por esos años.
  2. ¿El alcalde realmente tiene personal calificado en la dirección del Samat para que él de información vía pública, que es totalmente falsa?

Próximas acciones.

Los apoderados de la empresa, González Escorche y José González Guillén, presentaron un recurso jerárquico ante el Samat, en el que deben suspenderse los efectos de ese acto administrativo tributario.

“Si se suspendió, el alcalde no puede seguir cobrando a lo macho y el superintendente del Samat tampoco debe decir que estamos estafando al municipio. Hasta cuándo en este país vamos a actuar igual que las personas del gobierno. Chávez decía, exprópiese e inmediatamente se expropiaba sin procedimiento alguno, entonces señor alcalde usted está haciendo lo mismo que el expresidente de Venezuela (…) se invirtieron los papeles, ahora los opositores están actuando como los oficialistas, esto es insólito. Alcalde, respete el artículo 49 de la Constitución que establece el derecho a la defensa y al debido proceso”.

Una vez culmine el proceso administrativo para que el funcionario del Samat subsane algún error, el caso pasa a la Alcaldía. Allí hay un lapso de prueba de 10 días hábiles y luego 60 días consecutivos para dictar una resolución administrativa, en la cual el alcalde debe notificar a la empresa la solución definitiva en torno al recurso jerárquico. Finalmente, viene un lapso de 25 días hábiles para que la empresa decida si va o no al Tribunal Contencioso Tributario competente, ubicado en Barcelona. Haz clic aquí y observa un video de esta noticia.

Apoderados judiciales de Vivolca, José González Escorche y José González Guillén. Administradoras: Hereanny Fernández y Maritza Cedeño.

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