Anzoátegui

Diputado Héctor Cordero: Detención de Requesens busca complacer a Maduro

Foto: El Siglo

La detención del diputado Juan Requesens, realizada la noche del martes 7 de agosto en Caracas luego de ser relacionado por el presidente Nicolás Maduro en las explosiones de un acto militar, también ha sido rechazada por el parlamentario del estado Anzoátegui, Héctor Cordero.

“El gobierno siempre ha manejado el criterio que los diputados suplentes no tienen la inmunidad parlamentaria, solo al momento de incorporarse. Y en esta oportunidad vemos como arremeten contra un diputado principal”. Cordero recordó las experiencias de los suplentes Gilber Caro y Renzo Prieto, que permanecieron 17 meses y cuatro años detenidos, respectivamente.

El también politólogo asegura que el Gobierno busca avanzar en su proyecto autocrático y violará la Constitución a costa de todo. “Es importante para ellos hacerle ver a la sociedad venezolana que no les importa en absoluto el funcionamiento constitucional del país. La violación del artículo 200, en este caso con un diputado principal, sirve para intimidar”.

La acción emprendida por el Sebin, es calificada por Cordero como una “medida denigrante”. También rechazó la pretensión de Diosdado Cabello quien a través de un organismo “espurio como lo es la Constituyente, pretenda despojar la inmunidad parlamentaria para complacer a Maduro y su grupo”.

Artículo 200. Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o la renuncia del mismo. De los presuntos delitos que cometan los o las integrantes de la Asamblea Nacional conocerá en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad que podrá ordenar, previa autorización de la Asamblea Nacional, su detención y continuar su enjuiciamiento. En caso de delito flagrante cometido por un parlamentario o parlamentaria, la autoridad competente lo o la pondrá bajo custodia en su residencia y comunicará inmediatamente el hecho al Tribunal Supremo de Justicia. Los funcionarios públicos o funcionarias públicas que violen la inmunidad de los o las integrantes de la Asamblea Nacional, incurrirán en responsabilidad penal y serán castigados o castigadas de conformidad con la ley.

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